El gobierno de Donald Trump señaló a Venezuela de financiar la caravana que avanza desde la frontera entre Guatemala y México hacia Estados Unidos, y cuyo movimiento fue organizado por «grupos de izquierda», un nuevo dardo político dirigido a los siete mil migrantes, en la recta final de la campaña electoral para los comicios en los que se decidirá el control del Congreso.
Además de esa última acusación, Trump y su vicepresidente, Mike Pence, insistieron en acusar que podría haber terroristas dentro de la caravana, una afirmación que, al igual que el vínculo con el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, o con los demócratas, en ningún momento fue respaldada por evidencia alguna por parte de la Casa Blanca.
La politización de la procesión de los miles de migrantes, que en su mayoría aún se encuentran a casi dos mil kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos, refleja una estrategia oficial de utilizar la inmigración para encender a la base de votantes de Trump, al vincular a los migrantes con el crimen y a los demócratas con la política de «fronteras abiertas», las «turbas», el socialismo y el rechazo al imperio de la ley.
