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La liberación de la ex lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo, es evidencia de la falta de capacidad de la Procuraduría General de la República (PGR) para comprobar delitos como lavado de dinero o delincuencia organizada y con ello no se descarta que otros detenidos sean liberados.

Con el nuevo sistema de justicia penal, la carga de la prueba queda en quien acusa, es decir el Ministerio Público, que muchas veces dejan la responsabilidad al juez y muchos casos no pasan la etapa de investigación.

Esto deriva que en ocasiones, cuando las personas son culpables, por errores del Ministerio Público, quedan libres y sin posibilidad de volver a ser juzgados, lo que genera impunidad.

En el caso de Elba Esther, tal vez la PGR no cometió errores voluntarios, sino que le faltó capacidad para comprobar los delitos, mientras que en el caso Duarte y ex funcionarios estatales, no se descarta que ocurra lo mismo porque las carpetas de los ex servidores públicos pueden correr la misma suerte.

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