Once países latinoamericanos se comprometieron a recibir a los inmigrantes venezolanos, pero solicitaron a “los Estados cooperantes y/o a los organismos internacionales especializados” incrementar la ayuda en proporción al número de personas que recibe cada uno.
La Declaración de Quito, constituye una manifestación no vinculante en la que se aclara que la ayuda seguirá siendo prestada “de manera individual” y según lo permita cada legislación.
En el documento de 18 puntos los firmantes además le reiteran a Venezuela “preocupación por el grave deterioro de la situación interna que provoca la migración masiva” mientras que Caracas niega que haya tal éxodo, a pesar de que las Naciones Unidas lo calcula en más de 2.3 millones de personas en los últimos cuatro años.
Los firmantes son Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú y Ecuador; en la reunión estuvieron potenciales aportantes como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y organismos de las Naciones Unidas.
