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Más de dos mil juicios e investigaciones por delitos fiscales y financieros serían echados abajo debido a un criterio dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en noviembre de 2017 que amenaza con daños cifrados en más de 44 mil millones de pesos y permitiría la libertad a ex gobernadores actualmente presos como Andrés Granier, de Tabasco, su hijo Fabián; Guillermo Padrés, de Sonora y algunos coacusados de Javier Duarte, de Veracruz.

La Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Instituciones de Crédito que faculta a las procuradurías acceder sin orden judicial a información bancaria de personas bajo investigación, no obstante, desde noviembre, jueces penales han aplicado retroactivamente otro criterio que establece que el secreto bancario es parte del derecho humano a la vida privada y sólo se puede acceder por orden de un juez.

El INE, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Tesorería de la Federación están facultados para obtener información bancaria sin orden judicial durante sus investigaciones.

Asimismo, aunque no regulado por el artículo 142, el SAT también accede cotidianamente a información bancaria de los contribuyentes y desde noviembre pasado, la Corte falló contra esta facultad en el caso de las procuradurías locales.

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