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Xalapa. En México hay 2 millones 279 mil 595 personas con trabajo doméstico remunerado, por lo que dicha cifra obliga a tomar medidas que protejan y garanticen los derechos de las personas trabajadoras del hogar.

Por tal motivo, se presentó un anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a la ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo Número 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Entre la alta cantidad de empleos informales que prevalecen en México, resaltan aquellos que por su naturaleza, trae consigo una variedad de violaciones a derechos laborales y humanos, derivados de la exposición que generan dichas actividades en los trabajadores y los deja en evidente vulnerabilidad como el trabajo doméstico.

A pesar de los avances legislativos en materia de derechos humanos en los ordenamientos jurídicos hoy en día, el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisibilizado y, en su mayoría, las más afectadas son las mujeres, aunado a algunas variantes que transgreden su desarrollo como es el caso de su condición migratoria o si forman parte de sectores vulnerables como comunidades indígenas.

México aceptó ser miembro del Convenio 189 de la OIT, celebrado en Ginebra, Suiza el 16 de junio de 2011, con la finalidad de brindar protección y garantía a los más de dos millones de personas que se desempeñan en labores domésticas.

Finalmente, puntualizó que el Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos consta de 27 artículos que reconocen y garantizan derechos básicos en un marco irrestricto respeto a la dignidad humana, tales como condiciones óptimas de trabajo, jornada laboral, salario mínimo, protección social en un régimen de seguro social (incluyendo el de maternidad).

Asimismo, disposiciones del trabajo infantil doméstico, condiciones de hospedaje, derechos según la situación migratoria, regulación de las agencias de empleo del sector privado, resolución de conflictos, controversias y sus respectivas instancias; es decir, una gran variedad de disposiciones que en la actual normatividad mexicana no se encuentran establecidas y, por ende, mucho menos existen políticas públicas que protejan los derechos de las trabajadoras y trabajadores domésticos.

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