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El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador pretende que nadie gane más de 108 mil pesos mensuales en la administración pública federal, lo que ocasionó acciones en su contra, debido a que funcionarios de dependencias federales, órganos autónomos y paraestatales, se unieron a la batalla judicial contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que entró en vigor en septiembre pasado.

Quienes promovieron amparos son funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de Petróleos Mexicanos (Pemex), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Nacional Electoral (INE).

Autoridades federales y judiciales, señalaron que, hasta este domingo, suman 862 demandas de amparo contra el mencionado estatuto, que corresponden a 4 mil 74 personas, de las cuales 351 son jueces, 383 magistrados, mil 414 secretarios, 308 actuarios, 712 oficiales y 610 externos, pertenecientes a la PGR, Cofece, Pemex, IPN, CFE, Cisen, INE y SAT.

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